Comparto este
artículo del sociólogo cubano-dominicano Haroldo Dilla Alfonso sobre el fallo
judicial que roba la nacionalidad de 300 mil dominicanxs sólo por tener padres
o abuelos haitianos.
Haroldo Dilla Alfonso
Una de las más
lamentables manipulaciones ideológicas que produce la gran prensa dominicana es
llamar prohaitianos a las personas e instituciones que defienden los derechos
de las personas de ese origen, sean estas realmente dominicanas (como son los
casos de los afectados por la disposición del Tribunal Constitucional) o
realmente haitianas, como son los casos de quienes ingresan a nuestro
territorio para trabajar o estudiar.
Tengo ante mí, por
ejemplo, un ejemplar de un periódico gratis de alta circulación en que denomina
como “prohaitianas” a organizaciones como la Colectiva Mujer y Salud y la Red
Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos, dos organizaciones
prestigiosas que se han preocupado por la “violación al Estado de derecho, a la
Constitución y a los tratados internacionales” y contra la población “de
ascendencia haitiana, especialmente a las mujeres, adolescentes y niñas”. Es
decir, que por defender personas dominicanas y a la propia legalidad nacional,
estas organizaciones son remitidas a la condición de prohaitianas, es decir
defensoras de un orden externo a nuestro cuerpo nacional.
Realmente si hay algo de antidominicano en
todo esto ha sido la resolución discriminatoria del Tribunal y los vítores
irresponsables de los fans de la oscuridad política.
Permítanme narrarles
una breve anécdota. Luis Minier, alcalde de Comendador, no es solo uno de los
mejores alcaldes que hay en el país, sino alguien para quien la relación
binacional es cotidiana. Y al efecto en la provincia de Elías Piña se han
formado varias alianzas de mutuo beneficio con las contrapartes haitianas. En
una ocasión en que Minier exponía sobre los caminos rehabilitados en la parte
haitiana con fondos negociados con la cooperación internacional, un funcionario
le reprochó gastar energías en los vecinos. La respuesta de Minier fue tan
empírica como contundente: si no hay caminos en la parte haitiana no habrá
acceso de compradores y vendedores de esta nacionalidad en los mercados de
Elías Piña, y sin eso, la provincia muere económicamente. No lo hacía
simplemente por los haitianos: lo hacía por todos.
La aplastante lógica
de Minier se puede aplicar a todo lo que se hace en relación con el tema.
Afrontar la ilegalidad subyacente en las andanzas de la Junta Central
Electoral, en las deportaciones masivas y sin garantías de la Dirección General
de Migración, en el reciente fallo reñido con la ley y con la lógica del
Tribunal Constitucional, no es prohaitianismo, sino prodominicanismo y
patriotismo. Si por este último entendemos una sociedad mejor para todos y
todas y no las liturgias histéricas a que nos acostumbran los auto-titulados
guardianes de la fe nacional.
Todo lo concerniente
con Haití nos interesa particularmente. De manera más prosaica porque vendemos
cerca de dos mil millones de dólares en bienes y servicios y porque recibimos
medio millón de trabajadores que dejan aquí su plusvalía. Es necesario
optimizar esta relación y no creo necesario explicar los motivos.
Pero también porque
si somos incapaces de respetar adecuadamente los derechos de los migrantes, y
de paso expropiamos los derechos de quienes son dominicanos y dominicanas y los
convertimos en extranjeros, estamos
generando un clima de irrespeto de derechos básicos y de deterioro del
régimen democrático, en beneficio de las fuerzas oscurantistas que se mueven
sigilosas en nuestro sistema político.
La dolorosa decisión
del Tribunal Constitucional ha tenido un efecto colateral positivo. Creo que ha
ayudado a muchas personas a entender que en este tema estamos tocando fondo, y
que hacia ese fondo vamos todos juntos. Pues la libertad y los derechos no
funcionan solo para un tipo de personas en contra de otro tipo. Tiene que
funcionar para todos. Y por eso las organizaciones que han respaldado a los
dominicanos de origen haitiano no son prohaitianas, sino tremendamente
dominicanas.
Realmente si hay algo de antidominicano en todo
esto ha sido la resolución discriminatoria del Tribunal y los vítores
irresponsables de los fans de la oscuridad política.
