Si pasas con frecuencia
por esta Bitácora, sabes que no soy un gran defensor de la
institución del matrimonio (ni straight ni gay), pero hechos como
éste hacen que repensemos nuestras ideas sobre el tema.
Juana y Valeria son pareja
desde hace 13 años. Viven en Coahuila, México. Hace cinco años
tomaron la decisión de tener un hijo y concibieron a Ian Emanuel. La
madre biológica es Valeria, por eso, sólo ella aparece como madre
del pequeño.
Hace tres años Juana se
jubila de su trabajo. A los pocos meses, le diagnostican un cáncer
de seno. Juana, preocupada ante su futuro, decide formalizar su
relación con Valeria para garantizarles la pensión por viudez en
caso de que falleciera.
En Coahuila todavía no
está reconocido el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero
existe el Pacto Civil de Solidaridad, una figura jurídica que
intenta reemplazarlo.
Según el artículo 385-1
del Código Civil de Coahuila, “el Pacto Civil de Solidaridad es un
contrato celebrado por dos personas físicas, mayores de edad, de
igual o distinto sexo, para organizar su vida en común. Quienes lo
celebran se consideraran compañeros civiles. Los compañeros
civiles, se deben ayuda y asistencia mutua, consideración y respeto,
así como deber de gratitud recíprocos y tendrán obligación de
actuar en interés común; de igual manera tendrán derecho a
alimentos entre sí”.
Juana y Valeria firman el
Pacto Civil de Solidaridad y comienzan los trámites para que el
Instituto Mexicano del Seguro Social los reconozca como una familia y
le dé cobertura a Valeria y a Ian Emanuel.
Sin embargo, el IMSS se
niega a hacerlo porque ellas no están "casadas", es decir,
no son un "matrimonio". El Pacto Civil de Solidaridad no es
una institución jurídica en todo el territorio mexicano.
A pesar de la enfermedad,
Juana y Valeria dan la pelea legal. Su caso llega a los medios de
comunicación. Hay un proyecto de ley de matrimonio igualitario en
Coahuila. Leyes similares se aprueban en otros estados de México.
Cerca de la medianoche del
miércoles 16 de octubre Juana María Rosales perdió su batalla
contra el cáncer. Murió acompañada de Valeria, su hijo y sus
amigos más cercanos.
Ella no logró que el IMSS
le diera cobertura a su esposa y su hijo. El sepelio y el entierro lo
cubrieron con el dinero recogido entre amigos y familiares.
Si el matrimonio entre
personas del mismo sexo fuese reconocido en Coahuila, Juana hubiese
podido irse tranquila, sabiendo que su pareja y su hijo contaría con
la pensión por viudez de 2 mil pesos mexicanos.
Por eso, más allá de lo
que yo piense de la institución del matrimonio, creo que todxs
tenemos derecho a tener las cosas positivas y negativas de este tipo
de uniones.
En el fondo mi problema no
es con la institución del matrimonio sino con la forma cómo nos
vinculamos en una relación afectiva. No importa cómo lo llamemos:
matrimonio, concubinato, pacto de sociedad civil, unicones civiles,
parejas de hecho.
Creo que la comunidad
sexodiversa pudiera hacer valiosos aportes al debate sobre la forma
como nos relacionamos afectiva y sexualmente con los demás.
La posesión, la violencia
de todo tipo, el control, la libertad individual, los celos, la
distribución de las tareas (dentro y fuera de la casa), la
posibilidad de establecer reglas propias, más allá de lo que diga
el resto de la sociedad. Todo eso y muchas cosas más deberían
revisarse y cuestionarse, no sólo desde la academia, sino desde
muchos espacios de la vida pública.
Si quieres conocer más
sobre el caso de Juana, Valeria e Ian, te recomiendo esta nota de
Leticia Espinoza publicada en El Zócalo
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