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Esto
es un batacazo. En Argentina, la justicia ordenó al gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires dar una pensión mensual a cinco mujeres
transexuales viejitas. Estos subsidios extraordinarios y reparatorios
deben ser equivalentes al salario mínimo vital y móvil de
Argentina.
El
gobierno de la plaga de Mauricio Macri está obligado a pagar esta
pensión como una medida de reparación por haberlas hecho vivir una
vida de marginación, violencia, discriminación y exclusión.
La
decisión la tomó la jueza Elena Liberatori y crea un precedente que
pudiera replicarse en otros países de la región.
Comparto
este párrafo de nuestros compas de Página 12. "Una de las
beneficiarias de la sentencia es Mariela Muñoz, una mujer trans que
luchó contra la policía y luego la Justicia para que se la
reconozca por su identidad autopercibida y se le diera la tenencia de
algunos de los 23 niños y niñas que había criado. En 1997, con
nuevo DNI obtenido vía judicial, fue precandidata a concejal en
Quilmes por la lista del Partido Justicialista. Hoy, con 70 años, no
puede cubrir sus necesidades básicas y le cuesta ver, oír y
caminar, como consecuencia de haber padecido un ACV. No percibe
jubilación ni pensión".
Las
otras beneficiadas por la decisión judicial son Marlene Jaimes,
Julieta Romero, Norma Giraldi y Yanina Moreno.
¿Cómo
se logró esto?
La
Mesa Nacional por la Igualdad, la Federación Argentina LGBT y la
Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero (Attta)
presentaron un amparo judicial exigiendo esta pensión. Lo hicieron
luego de que la derecha
bloqueara un proyecto de ley en el parlamento local que preveia una
pensión para las personas transgéneros viejitas.
Unas
cifras
El
promedio de vida de una persona trans en la Ciudad de Buenos Aires es
de 35 años. Así lo revela un informe de la Defensoría del Pueblo
de la Ciudad. Nuestra
compañera María Rachid declara: “Las estadísticas exponen que
las personas trans que han alcanzado la edad de cuarenta años pueden
ser consideradas verdaderas sobrevivientes aunque, sin dudas, esa
edad las encuentra en su mayoría excluidas de todo ingreso,
beneficio social, previsional o jubilatorio, por las hostiles
condiciones sociales y culturales en que se han desarrollado. Por
eso, estas acciones intentan reparar algo por esos años de
sufrimiento y derechos vulnerados”.
Concluye
María Rachid: “Si bien la Ley de Identidad de Género representó
un paso más para la igualdad jurídica, hoy vemos que muchas de
ellas continúan padeciendo las múltiples consecuencias de la
discriminación y la violencia de todos estos años, en todos los
ámbitos.”
Lee
la nota completa en Página 12
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